Sunday, September 04, 2011

NL: ¡Que se vayan todos!



PLAZA PÚBLICA

Miguel Ángel Granados Chapa/ El Siglo de Torreón
4 Sep. 11

Se han multiplicado las voces, incluidas algunas de su propio partido, que le demandan a Fernando Larrazabal que se vaya, que pida licencia al menos durante el tiempo en que se esclarezca la posición de su hermano

Una regla inflexible, con muy pocas excepciones, es que quienes pretenden defender su reputación en los tribunales arrastran ya mala fama o mala conciencia. En general, acuden a la justicia para obtener certificados de honradez quienes carecen de ella. Ése es el caso de Manuel Jonás Larrazabal, quien denunció por difamación a quienes hicieron conocer su manía de cobrar dinero en casinos, todavía no se sabe por qué concepto.

Tras haber pretendido resguardar su honra a través de su abogado, Larrazabal acudió personalmente a la Procuraduría a ratificar su denuncia. Lo hizo, pero después se convirtió en imputado. Ahora está arraigado en la instalación que para ese efecto mantiene el Ministerio Público en el centro de Monterrey. A partir precisamente de los videos y fotografías difundidos por los diarios de Grupo REFORMA, se investiga a qué título recibió en varias ocasiones dinero en efectivo en casinos regiomontanos. Y se indagará también el que acudiera a una de esas casas de juego sólo cinco días después de que los operadores de ese establecimiento fueran intimidados con violencia para persuadirlos de pagar protección.


Tal vez lo hicieron, y Larrazabal habría sido el cobrador. Él insiste en lo que todo el mundo considera una patraña: que se dedica al comercio de productos de origen oaxaqueño, que es el suyo propio, y que fue captado por las cámaras que lo denuncian, en el acto de cobrar el aprovisionamiento de queso y de mezcal. No hay seña de que se dedicara a ese giro mercantil. Sí la hay de que miente: dijo en su denuncia que siempre ha trabajado con apego a la ley. Hay evidencia, en cambio, de que la violó más de una vez al recibir sueldos en el Ayuntamiento regiomontano, durante varias administraciones, sin devengarlos. Era "aviador" y dos veces lo hicieron aterrizar.


Ahora está arraigado, y convive con los presuntos incendiarios del Casino Royale, la secuela de cuya quemazón está haciendo que la crisis de violencia e inseguridad que vive Nuevo León en general y principalmente la región metropolitana de Monterrey desde hace siete años se convierta en crisis política. Es probable que también sea alojado en ese centro el agente de la policía estatal detenido como partícipe de la banda que prendió fuego a aquel casino y con ello asesinó a 52 personas.

A causa de la conducta de su hermano, está en entredicho el Alcalde de la capital, Fernando Larrazabal, que pretendió distanciarse de su familiar, renegando de él, como si casi no lo conociera, siendo que le presta una casa donde reside habitualmente. Es verdad que no existe el delito de fraternidad incómoda y no hay derecho a extender al Presidente Municipal la responsabilidad penal en que incurra un miembro de su familia. Pero sus contradicciones y titubeos lo han colocado en posición frágil, al punto de que se han multiplicado las voces, incluidas algunas de su propio partido, que le demandan que se vaya, que pida licencia al menos durante el tiempo en que se esclarezca la posición de su hermano. Y la suya propia, porque puede conjeturarse que los cobros realizados por Manuel Jonás eran hechos en beneficio de Fernando, para que la autoridad municipal no estorbara el funcionamiento de las casas de apuestas afectadas.

En cambio, el Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, que padeció meses atrás un asedio difuso que anunciaba su renuncia un día sí y otro también, parecía consolidado con la eficacia con que sus colaboradores en materia de seguridad y de procuración de justicia hallaron en brevísimo plazo a algunos de los incendiarios y asesinos del 25 de agosto. Se habían reunido varios hechos venturosos para la identificación y localización de los responsables. A la fortuna de contar con videograbaciones que mostraban a los presuntos homicidas al llegar al Royale y antes, al surtirse del combustible que utilizarían allí, se agregó la pericia de los investigadores. Huellas de los bandoleros fueron buscadas en el registro respectivo de la Procuraduría estatal y eso permitió la aprehensión de los responsables. Los cinco detenidos confesaron su participación en los sucesos, y fueron mostrados a la opinión pública. Si bien faltan detenciones, se proclamó que el caso estaba resuelto.

Pero se trata sólo de una apariencia. En la misma noche del grave suceso, Medina distribuyó culpas entre las instancias municipales y las federales, que las tienen. Pero pronto salió a la luz el papel del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuyos fallos permiten funcionar a los casinos que nacen o caen en la ilegalidad. Y ese tribunal depende del Ejecutivo, que designa a sus Magistrados. Por otro lado, si los cinco capturados no fueron consignados ante un Juez, sino que sólo se demandó su arraigo, es porque no puede formularse contra ellos una acusación sólida, susceptible de ser aceptada por la justicia. Y para colmo, la Policía Federal detuvo a un agente estatal de seguridad, lo que despierta dudas sobre la integridad de la corporación a que pertenece.

Quizá por esos indicios sobrevino el jueves el demoledor juicio de los principales empresarios de Monterrey sobre el decepcionante desempeño de los gobernantes locales. El lunes, algunos de los hombres de empresa que emitieron su veredicto habían sido recibidos por el Presidente Calderón, que con tal de escucharlos aplazó el compromiso anunciado de recibir, de manos del Rector José Narro Robles, la aportación de la UNAM para revisar la estrategia de combate al crimen organizado. Era urgente para Calderón encontrarse con los líderes empresariales a los que no vio durante su breve visita del viernes anterior a Monterrey.

Tal vez en esa reunión quedó claro a los líderes regiomontanos el estado de la cuestión. El hecho es que por lo menos tres de ellos produjeron días después su agrio juicio sobre sus autoridades locales. La ocasión para hacerlo fue la entrega del premio que lleva el nombre de don Eugenio Garza Sada. El orador fue el Ing. José Antonio Fernández, presidente de FEMSA, el consorcio que si bien perdió el control de su división cervecera, ha prosperado sostenidamente como embotellador de Coca-Cola y como propietario de la cadena de misceláneas Oxxo, diseminadas en todo el País.

No se limitó a recordar las virtudes humanas y empresariales de Garza Sada, líder de una comunidad industriosa y pujante, víctima él de una crisis de violencia armada que el Estado mexicano tardó en aplacar. Ni se redujo a enumerar los méritos de los premiados. Era ineludible que se expresara sobre la inseguridad creciente, sobre todo porque hablaba en el Tecnológico, que ha sufrido en carne propia los funestos yerros del embate contra la delincuencia organizada. De modo que no se anduvo con ambages:
"Hay que decirlo con todas sus letras: las autoridades de los diferentes ámbitos de Gobierno de Nuevo León han tenido un desempeño evidentemente insatisfactorio y decepcionante", dijo. Agrego que "si la realidad no es peor es sólo porque los delincuentes interpretan que no les conviene". Y dictaminó contundente: "No hay control de la plaza".

Y si bien en tono autocrítico se preguntó por las omisiones de las familias, los maestros, los empresarios y los medios de comunicación en la génesis de la actual realidad, insistió en las responsabilidades gubernamentales: "¿Qué hicieron o dejaron de hacer nuestros gobernantes para fomentar un ambiente de impunidad y de corrupción, un sistema de procuración y administración de justicia tan tortuoso y corrupto?".

El presidente de Cemex, Lorenzo Zambrano, que no obstante las tribulaciones de sus empresas conserva autoridad moral en la vida social de Nuevo León, expresó su acuerdo pleno con Fernández. Y Eugenio Garza Herrera, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, fue aún más allá: "La autoridad no ha cumplido, la autoridad estatal y municipal no ha cumplido. No es que no esté cumpliendo. Ya no cumplió".

Es decir, no se trata de darles una nueva oportunidad, de renovar la exigencia. Eso no se ha dicho con todas sus letras, pero sí entre líneas. Deben marcharse los funcionarios desidiosos o incapaces, y con mayor razón los que se benefician de la complicidad con delincuentes e infractores. Ni el priista que gobierna el Estado ni el panista que encabeza el Ayuntamiento regiomontano han podido, en esta crisis y muchos episodios precedentes, satisfacer las demandas ciudadanas. Que se vayan.

miguelangel@granadoschapa.com

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